La extensión de los casos de corrupción en España, especialmente en Comunidades Autónomas como la Región de Murcia, ha provocado que se haya elevado la lista de representantes públicos aforados cuya solicitud de imputación ha tenido que ser elevada al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo, según el caso, o cuya elevación aún está a la espera, retrasando en extremo los procedimientos judiciales. En nuestra región lo acontecido con Pedro Antonio Sánchez, expresidente regional, ha resultado paradigmático: durante meses el nombre de la región se vio arrastrado por los noticiarios del país porque se negaba a dimitir manteniéndose en el cargo a pesar de acumular solicitudes de imputación. La condición de aforado le permitió estirar al máximo su situación provocando un enorme coste de oportunidad para la región.
Desde Más Región consideramos que los cargos públicos no deberían mantener ningún tipo de privilegio que permita eludir los tribunales ordinarios o retrasar de cualquier modo los procedimientos. Resulta inadmisible que en el actual contexto político y social de nuestro país los responsables políticos sigan gozando de un estatuto jurídico particular, una excepción ante la ley que ha sido reconocida como tal por el propio Consejo General del Poder Judicial o por el propio Tribunal Supremo como un privilegio que retrasa la imputación o la exculpación y alarga los procedimientos judiciales de modo artificial logrando que incluso algunos de ellos lleguen a prescribir, máxime desde la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En Más Región consideramos que la corrupción es el mayor gesto de antipatriotismo y traición que puede mostrar un representante político, por lo que debe ser combatido con intensidad desde las instituciones públicas. Precisamente por ello, para frenar la corrupción se hace más necesario que nunca facilitar la investigación de los indicios, la imputación y condena correspondiente de las personas responsables, a un nivel de delito organizado, especialmente en el caso de los representantes políticos. Por ello apoyaremos la modificación del Estatuto de Autonomía en este apartado, se debe alcanzar la normalización jurídica de los representantes políticos, que son quienes más protagonizan este tipo de casos.